En Nayarit, en juicios penales, el exlíder priista Carlos Saldate fue condenado por secuestro agravado a 35 y 76 años de prisión en dos casos distintos. En ambos, el exfiscal Édgar Veytia fue señalado como coautor con control policial; enfrenta 176 años de cárcel y acusaciones de tortura.
Édgar Veytia, exfiscal de Nayarit, respondió el pasado 6 de mayo a la demanda civil presentada en su contra ante una corte federal en Washington D.C., Estados Unidos, en la que seis personas lo acusan de abusos de poder, coerción y tortura durante su tiempo como fiscal (2011-2017), con fines de reparación de daños.
Veytia, quien se encuentra cumpliendo una sentencia de cinco años de libertad supervisada por narcotráfico, rechazó las acusaciones y advirtió un trasfondo político, tras asumirse exintegrante del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
“El señor Edgar Veytia fue fiscal general del estado de Nayarit y miembro del partido político PRI”, y argumentó que la demanda fue impulsada por “un grupo de personas que colaboran con su antiguo oponente político, llamado Rodrigo González Barrios, quien es miembro del partido rival PRD”, señala el documento presentado por su defensa, Alexei Schacht.
Cabe destacar que Schacht ha llevado casos complejos en tribunales federales de Estados Unidos, particularmente relacionados con conspiración, migración, lavado de dinero y narcotráfico internacional, según detalla en su sitio profesional.
Asimismo, Veytia afirmó que González se “autoproclama como presidente de una Comisión de la Verdad en Nayarit que ha utilizado a personas, incluyendo a los demandantes, para presentar acusaciones falsas con el fin de enriquecerse injustamente”.
“Esta Comisión no es una organización sin fines de lucro patrocinada por el gobierno, sino una operación de ‘extorsión’ con fines de lucro”, dijo.
Además, el exfiscal acusó a algunos de los demandantes de tener nexos con el narcotráfico y señaló que uno de los demandantes es “un expolicía rural corrupto aliado con el Cártel de Sinaloa y un narcotraficante que trabajaba para el Cártel H-2”.
En su respuesta, Veytia exigió “pruebas rigurosas” de las acusaciones en su contra aunque admitió haber sido condenado por delitos de narcotráfico y haber cumplido una sentencia, pero negó haber orquestado actos de tortura “contra los demandantes o que haya dañado a los demandantes de alguna manera”.
Sobre las acusaciones específicas de tortura y coerción contenidas en la demanda, respondió que “son todas negadas“, y subrayó que personas que se dicen agraviadas ya han obtenido beneficios económicos mediante denuncias similares en México, pero omitió dar detalles.
“Algunos demandantes han logrado extorsionar dinero de diversas personas en México mediante el uso astuto de procesos legales”.
El exfiscal presentó varias defensas legales en su respuesta, como la prescripción de los hechos, alegando que los presuntos abusos ocurrieron hace más de 10 años, a excepción de uno de los casos.
